La Fiscalía inculpa al empresario y a tres directivos por vertidos tóxicos al alcantarillado de Jerez Siete personas resultaron intoxicadas en el 2003 por emanaciones de sanitarios y cocinas.
La Fiscalía de Badajoz ha enviado al Juzgado de Jerez el escrito de acusación en el que inculpa a Alfonso Gallardo de un delito contra el medio ambiente y tres de lesiones. Además del empresario jerezano, el fiscal acusa a los directivos Juan Sillero, Santiago Castellano y Ángel Cano. Para los cuatro solicita unas penas que suman siete años y tres meses de prisión, además de importantes multas. Juan Sillero es consejero delegado del Grupo Gallardo; Santiago Castellano es director de la fábrica, y Ángel Cano, jefe de mantenimiento.
La investigación de la Fiscalía, que ha sido llevada por el fiscal Diego Yebra, se deriva de las intoxicaciones sufridas por vecinos de Jerez como consecuencia de los vertidos de productos tóxicos en la red de alcantarillado de la localidad.
Según se explica en el escrito, siete personas resultaron con problemas respiratorios, picores, eczemas e hinchazón en el rostro y debieron ser atendidos en el centro de salud. En algunos casos fue precisa la hospitalización.
Debido a estos problemas físicos que sufrieron los vecinos, el fiscal acusa a Gallardo de tres delitos y cuatro faltas de lesiones. También le imputa dos faltas contra el orden público.
La Fiscalía de Badajoz sostiene en su escrito acusatorio que la empresa Alfonso Gallardo, la que tiene su sede en el casco urbano de Jerez, hacía vertidos de productos tóxicos a la red de alcantarillado desde 1998. De hecho, el 10 de mayo del 2000 se produjo un vertido de sustancias que causaron daños a la depuradora de aguas. Entonces el Ayuntamiento alertó de que no podía garantizar la calidad del agua durante quince días. El 20 de junio del 2000, el Ayuntamiento prohibió a la empresa continuar con los vertidos.
Sin embargo, meses después continuaban, y el 7 de febrero del 2001 dos personas resultaron intoxicadas por los gases que salían de los sumideros de la cocina y el baño de su casa. Tuvieron que ser atendidos de disnea (problema para respirar) y dolor torácico.
Sesenta vecinos
Los problemas se reprodujeron en el 2003. El 10 de enero de ese año se produjo el incidente más serio. Varias personas debieron ser atendidas por los médicos en el centro de salud con síntomas similares: hinchazón en el rostro, problemas para respirar y picores. 60 vecinos de la calle Cristóbal Colón debieron abandonar su casa y pasaron la noche fuera para evitar la inhalación de los gases tóxicos que salían de los sumideros de cocinas y baños. Los bomberos intervinieron para echar agua en la zona del vertido y diluir así el ácido que producía las emanaciones.
El fiscal estima que estos hechos son constitutivos de un delito contra el Medio Ambiente, por el que pide que se condene a los cuatro imputados a 5 años y tres meses de prisión y a una multa de 20 meses a 300 euros al día (180.000 euros); tres delitos de lesiones, por los que solicita ocho meses de cárcel por cada uno de ellos; cuatro faltas de lesiones (en los casos de intoxicaciones más leves), para las que solicita 50 días de multa a 300 euros diarios (15.000 euros); y otra multa similar para las faltas contra el orden público. De esta última falta sólo se acusa a Gallardo y a Sillero.
El fiscal también solicita indemnizaciones para los afectados, la más importante, de 1.200 euros, para una mujer que debió ser hospitalizada. El resto son pequeñas cantidades, de 35 a 150 euros, por las molestias sufridas y por pasar la noche fuera de casa. Algunos de los vecinos afectados han renunciado a reclamar la indemnización.
A la espera de juicio
El escrito de acusación del fiscal ha sido enviado al Juzgado de Jerez, que es el encargado de dar cuenta del mismo a los abogados de la defensa. Una vez que éstos califiquen los hechos, el caso se enviará a la Audiencia de Badajoz para que fije una fecha para el juicio. El fiscal solicita la presencia en el juicio de más de setenta testigos, entre vecinos afectados, peritos, y guardias civiles del SEPRONA.
La Fiscalía de Badajoz ha enviado al Juzgado de Jerez el escrito de acusación en el que inculpa a Alfonso Gallardo de un delito contra el medio ambiente y tres de lesiones. Además del empresario jerezano, el fiscal acusa a los directivos Juan Sillero, Santiago Castellano y Ángel Cano. Para los cuatro solicita unas penas que suman siete años y tres meses de prisión, además de importantes multas. Juan Sillero es consejero delegado del Grupo Gallardo; Santiago Castellano es director de la fábrica, y Ángel Cano, jefe de mantenimiento.
La investigación de la Fiscalía, que ha sido llevada por el fiscal Diego Yebra, se deriva de las intoxicaciones sufridas por vecinos de Jerez como consecuencia de los vertidos de productos tóxicos en la red de alcantarillado de la localidad.
Según se explica en el escrito, siete personas resultaron con problemas respiratorios, picores, eczemas e hinchazón en el rostro y debieron ser atendidos en el centro de salud. En algunos casos fue precisa la hospitalización.
Debido a estos problemas físicos que sufrieron los vecinos, el fiscal acusa a Gallardo de tres delitos y cuatro faltas de lesiones. También le imputa dos faltas contra el orden público.
La Fiscalía de Badajoz sostiene en su escrito acusatorio que la empresa Alfonso Gallardo, la que tiene su sede en el casco urbano de Jerez, hacía vertidos de productos tóxicos a la red de alcantarillado desde 1998. De hecho, el 10 de mayo del 2000 se produjo un vertido de sustancias que causaron daños a la depuradora de aguas. Entonces el Ayuntamiento alertó de que no podía garantizar la calidad del agua durante quince días. El 20 de junio del 2000, el Ayuntamiento prohibió a la empresa continuar con los vertidos.
Sin embargo, meses después continuaban, y el 7 de febrero del 2001 dos personas resultaron intoxicadas por los gases que salían de los sumideros de la cocina y el baño de su casa. Tuvieron que ser atendidos de disnea (problema para respirar) y dolor torácico.
Sesenta vecinos
Los problemas se reprodujeron en el 2003. El 10 de enero de ese año se produjo el incidente más serio. Varias personas debieron ser atendidas por los médicos en el centro de salud con síntomas similares: hinchazón en el rostro, problemas para respirar y picores. 60 vecinos de la calle Cristóbal Colón debieron abandonar su casa y pasaron la noche fuera para evitar la inhalación de los gases tóxicos que salían de los sumideros de cocinas y baños. Los bomberos intervinieron para echar agua en la zona del vertido y diluir así el ácido que producía las emanaciones.
El fiscal estima que estos hechos son constitutivos de un delito contra el Medio Ambiente, por el que pide que se condene a los cuatro imputados a 5 años y tres meses de prisión y a una multa de 20 meses a 300 euros al día (180.000 euros); tres delitos de lesiones, por los que solicita ocho meses de cárcel por cada uno de ellos; cuatro faltas de lesiones (en los casos de intoxicaciones más leves), para las que solicita 50 días de multa a 300 euros diarios (15.000 euros); y otra multa similar para las faltas contra el orden público. De esta última falta sólo se acusa a Gallardo y a Sillero.
El fiscal también solicita indemnizaciones para los afectados, la más importante, de 1.200 euros, para una mujer que debió ser hospitalizada. El resto son pequeñas cantidades, de 35 a 150 euros, por las molestias sufridas y por pasar la noche fuera de casa. Algunos de los vecinos afectados han renunciado a reclamar la indemnización.
A la espera de juicio
El escrito de acusación del fiscal ha sido enviado al Juzgado de Jerez, que es el encargado de dar cuenta del mismo a los abogados de la defensa. Una vez que éstos califiquen los hechos, el caso se enviará a la Audiencia de Badajoz para que fije una fecha para el juicio. El fiscal solicita la presencia en el juicio de más de setenta testigos, entre vecinos afectados, peritos, y guardias civiles del SEPRONA.
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